Los administradores se sientan en el banquillo por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, acusados de causar perjuicios a la industria por 550 millones de euros. El fiscal pide dos años de cárcel y una multa de 4.200 euros para cada imputado.
Uno de los acusados operaba desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia donde fue becario, y en su propio domicilio, operó con webs de las que era administrador. Con tres dominios, llegaron a tener hasta tres millones de usuarios mensuales y ser la principal fuente de los ciudadanos que buscaban acceso gratis a series y películas.
Estas webs, no contenían el material no autorizado sino que se llegaba a este material audiovisual con derechos de propiedad intelectual a través de links que redirigían a los usuarios. Por esto, los acusados se declaran como intermediarios y varias sentencias de años anteriores los absuelven.