En concreto, un 5,1 por ciento de los encuestados durante el mes pasado reseñaron la inmigración como uno de los tres problemas más acuciantes de España: para un 0,7% es el primero, un 2,3 por ciento cree que es el segundo y un 2,1 por ciento opina que ocupa el tercer lugar.
En el barómetro de febrero, cuando 15 personas murieron en el intento de llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal, un 2,1 por ciento de los encuestados situaron en el 'top tres' la inmigración, que sólo era el principal problema para un 0,5%, el segundo según el 0,8 por ciento; y el tercero para el 0,7%.
No obstante, la extranjería registra porcentajes más bajos cuando se trata de definir los problemas que más afectan personalmente a los ciudadanos: un 0,8 por ciento lo identificó como tal en febrero y un 1,4 por ciento lo ha reseñado así un mes después.
La inmigración se sitúa así entre la lista de los diez temas más mencionados por los españoles cuando se les sondea sobre los principales problemas de España. Ocupa el octavo puesto, por detrás de el paro (82,3%), la corrupción y el fraude (41%), la economía (28,2%), la sanidad (10,2%), la educación (8,7%) y los temas de índole social (7,4%). Está por encima de los recortes (3,5%) y el Gobierno y los partidos políticos (3%).
Con ese repunte, las inmigración se sitúa a niveles de junio de 2012, pero su porcentaje no tiene nada que ver con su cifra récord de septiembre de 2006, cuando este fenómeno era el primer problema nacional, con un 59,2 por ciento de menciones.
El barómetro, que tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento, se basa en un total de 2.470 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 241 municipios de 51 provincias entre el 1 y 11 de marzo.
En esos días eran ya cientos de personas las que habían saltado la valla de Melilla (más de 200 sólo el 28 de febrero) y otras tantas lo habían intentado, devolviendo imágenes de personas encaramadas al vallado y declaraciones públicas sobre la "amenaza" del incremento de la "presión migratoria".
Además, coleaba la tragedia de Ceuta, por la que aún hay un proceso judicial abierto en la ciudad autónoma para esclarecer las circunstancias en las que perecieron 15 personas y que ha acarreado las comparecencias de los responsables de Interior así como informes de las ONG con declaraciones cruzadas sobre la actuación de la Guardia Civil y el uso de material antidisturbios en la madrugada de aquel 6 de febrero.