Según informe en su boletín la Alta Institución, el objetivo es averiguar qué ha hecho la Junta para "depurar una eventual infracción en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad".
Para ello, ha pedido información a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales del gobierno andaluz, a fin de "determinar el alcance de las potestades de inspección y sanción desplegadas".
"La Defensora pretende además con esta investigación asegurar que no se produce ningún tipo de discriminación a personas con discapacidad y que se hace lo necesario para proteger los derechos e intereses de los consumidores y clientes con discapacidad", informa su departamento.