El ultimátum de Bruselas se envía a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si el Gobierno español no responde a sus exigencias en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva en cuestión persigue prevenir o reducir el impacto negativo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la salud humana y el medio ambiente, así como reducir los efectos globales del uso de los recursos y mejorar la eficiencia de este uso.
Además de a España, la Comisión ha enviado dictámenes motivados sobre esta cuestión a Polonia, Letonia y Rumanía.