En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso desde su toma de posesión, el nuevo ministro ha pedido este gran acuerdo para lograr la informatización del sistema judicial, diseñar un nuevo mapa judicial e impulsar fórmulas de conciliación que reduzcan la elevada litigiosidad.
También ha anunciado su intención de crear un Registro Civil de España, único y moderno, y ha apostado por abrir una reflexión sobre la posibilidad de reducir el "complejo y nutrido sistema de recursos judiciales" que provocan dilaciones.
La puesta en marcha de un plan de informatización e infraestructuras de equipamiento para la Justicia, para el que se destinarán 200 millones de euros anuales durante tres ejercicios, pretende lograr que todos los tribunales puedan trabajar en red, conectados entre sí, y que sean accesibles para los usuarios.
Esta "importante inyección", que supone un aumento del 48 por ciento sobre años anteriores, dará un impulso decisivo", según Caamaño, que también ha trasladado a los diputados las propuestas que ya avanzó a las asociaciones judiciales, como la convocatoria de 220 plazas de jueces y 150 para fiscales anuales y medidas para la conciliación laboral y familiar de los jueces.
El ministro ha considerado que "los demócratas españoles debemos sentirnos profundamente preocupados" por las "difícilmente justificables" insuficiencias estructurales de la Administración de Justicia, y ha recordado que la carga de trabajo en los juzgados ha aumentado un 50 por ciento en doce años.
Ante esta situación, ha recalcado la importancia de la implantación de la nueva Oficina Judicial, cuyo desarrollo exige "acuerdos amplios, consistentes y duraderos" para mejorar el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, al que se presentará una enmienda para que los jueces mantengan la facultad de señalamientos de juicios.
Para mejorar la calidad de la Justicia, el ministro ha considerado urgente reordenar la distribución de los órganos judiciales y "dibujar un mapa judicial" que se ajuste a la sociedad a través de una nueva ley de planta y demarcación, así como reducir la litigiosidad.
Para ello, ha anunciado que remitirá al Congreso un proyecto de ley de mediación y ha expresado su deseo de acortar la duración de los procesos judiciales y de reflexionar "muy seriamente" sobre la posibilidad de reducir el número de recursos a los "estrictamente necesarios".
Todos los portavoces parlamentarios han valorado la voluntad de consenso del ministro, tan distinta del tono empleado por su antecesor, Mariano Fernández Bermejo, en los últimos años, aunque, ante su oferta de acuerdo social, han respondido con unanimidad reclamando a Caamaño que concrete y ponga plazos a sus compromisos.
El portavoz del PP en Justicia, Federico Trillo, ha resaltado que el hecho de que Caamaño sea su tercer interlocutor para desarrollar el pacto por la Justicia les hace mostrarse "escépticos" y pedir garantías.
No obstante, Trillo se ha mostrado receptivo ante la inversión económica anunciada por Caamaño, al afirmar que si esos 200 millones al año son adicionales al crecimiento presupuestario podrá contar con el apoyo del PP.
Además de insistir en la necesidad de "fijar un calendario" para las medidas anunciadas, los portavoces de CiU y el PNV en la Comisión, Jordi Jane y Emilio Olabarria, respectivamente, han reiterado la importancia de adecuar el sistema judicial a la realidad autonómica.
Desde IU, Gaspar LLamazares ha reclamado al Gobierno que no caiga en el "populismo punitivo" en la reforma del Código Penal que llegará en breve al Congreso, mientras que la diputada UPyD, Rosa Díez, ha pedido que "el acuerdo de la Justicia no sea un pacto por el poder", y ha reconocido que con la llegada de Caamaño al Ministerio "han cambiado los sonidos".
"Había tambores y hoy ha sonado piano", ha dicho Díez.