Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha explicado esta instrucción se divide en dos fases: la primera, que abarca del 1 al 15 de marzo, será para recabar información sobre la situación de los pozos en Andalucía; mientras que la segunda fase, que será hasta el 15 de septiembre, supondrá la intervención directa para elevar las posibles denuncias.
Gómez de Celis ha anunciado también que la Junta de Andalucía ha abierto un expediente "muy grave" por el pozo de Totalán (Málaga) donde falleció Julen, el niño de dos años localizado sin vida a los 13 días después de caer en él, para que así se interpongan las "sanciones pertinentes".
Así lo ha manifestado el delegado en rueda de prensa tras presidir la reunión interadministrativa para intensificar el control de los pozos ilegales en la comunidad andaluza. En este marco, Gómez de Celis ha explicado que el Ejecutivo andaluz ha abierto el citado expediente administrativo que concluirá en el "procesal oportuno".
Será a partir de ese momento cuando se impondrán las "sanciones pertinentes" por el pozo ilegal donde falleció el pequeño. Sobre los costes del rescate, situados en torno a los 700.000 euros, que la Junta anunció que asumirá este pasado martes, el delegado ha subrayado que "no es que el Ejecutivo andaluz asuma los costes, es que su competencia".
Por otra parte, ha apuntado que la labor del Gobierno fue la de gestionar el dispositivo de Guardia Civil, Ejército y mineros de Asturias, así como la coordinación de la obra y la labor de comunicación con medios de comunicación, entre otras tareas. "Cada uno asumió sus competencias", ha señalado. Al respecto, ha tildado de "total y excelente" la disposición y relaciones con la Junta de Andalucía —tanto la saliente como la entrante— durante el proceso de rescate, valorando la disposición del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, días antes de su toma de posesión para conocer cómo se estaba desarrollando la operación.