Catalá ha hecho estas afirmaciones durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en respuesta a la socialista Rosa Aguilar, quien ha avisado de estas supuestas intenciones del Ejecutivo. Por su parte, el ministro ha asegurado que el objetivo es modernizar y garantizar el servicio del Registro Civil.
"Ahora con una sospechosa prisa quieren privatizar el registro civil y ha dictado una orden ministerial ilegal fundamentada en una falsedad y pone el 15 de julio como fecha para la privatización de este servicio público. (...) Explique por qué privatizar y qué se esconde detrás de esta operación cuando todos están en contra", ha denunciado la socialista.
Al mismo tiempo, ha lamentado que con esta reforma del Registro se van a perder empleos, además de ningunear a las comunidades autónomas, aparte de que la privatización de este servicio lo acabarán pagando los ciudadanos de su bolsillo. "Esta operación huele muy mal y a negocio para muy pocos y la falta de transparencia y opacidad son sus señas de identidad", ha sentenciado la portavoz del PSOE en el Congreso en materia de Justicia.
En este sentido, Catalá ha defendido que su intención es que se agilice el trabajo del Registro Civil con el trabajo de funcionarios públicos.
"Que el Registro lo lleven lo registradores civiles y mercantiles es que funcionarios lleven el servicio con calidad. El 50% de las quejas del Defensor del Pueblo en Justicia son sobre el mal funcionamiento del registro civil, ¿tiene sentido que un juez haga anotaciones sobre nacimientos?", ha preguntado el ministro.
Por ello, ha emplazado a los grupos parlamentarios a conocer sus propuestas al respecto, especialmente al PSOE, de quien ha dicho desconocer sus propuestas de cambio al respecto. "Nuestra propuesta está pactada con sindicatos para el mantenimiento empleo, con las comunidades autónomas, y para garantizar que entre todos el servicio va a funcionar con calidad", ha apostillado.