Según un comunicado, el protocolo quiere asegurar unos circuitos administrativos y técnicos entre el ámbito educativo y el de protección de la infancia que incluye las escuelas como uno de los espacios donde los niños desarrollan una parte importante de su actividad y donde el conocimiento de su situación familiar es clave a la hora de prevenir, detectar y ayudar a los alumnos en las necesidades no cubiertas por sus familias.
La Consejería de Enseñanza difundirá este protocolo entre todas las escuelas, ofreciendo un listado de indicadores y de factores de riesgo que permitirán detectar mejor situaciones de maltrato o de riesgo de sufrirlo.
Las observaciones realizadas por los docentes pueden ser introducidas en el simulador que Bienestar Social tiene disponible en su web para determinar si el riesgo de maltrato es leve, moderado o grave.
El nivel de riesgo aparecerá a partir de introducir diferentes observaciones sobre el aspecto físico del alumno, el aspecto emocional, su comportamiento, desarrollo y aprendizaje y la relación con sus padres.
El protocolo incluye el procedimiento a seguir en caso de detectar una situación de maltrato, derivándose a los servicios sociales de la zona en casos leves, y a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (Dgaia) en los casos graves.