Según ha informado la Conselleria catalana de Cultura en un comunicado, el Govern alega que los bienes del Museu de Lleida no pueden salir sin que antes el Consorcio del museo ejerza su derecho de defensa.
También esgrime la imposibilidad del retorno, dado que los bienes afectados se encuentran en manos de terceras personas ajenas al pleito --el Consorcio-- y la "falta de condiciones físicas de las instalaciones de Sijena para recibir los bienes".
El Govern ha insistido en pedir la suspensión de la ejecución provisional y que se permita a dos técnicos designados por la Conselleria de Cultura que puedan comprobar in situ e informar sobre las condiciones en que se encuentran los bienes expuestos al público.
La Generalitat ha alegado asimismo la posesión del Monasterio de Sijena por parte de terceras personas ajenas al proceso --Comunidad de Belén-- y que los bienes objeto de esta ejecución conforman una colección que no puede ser disgregada, de acuerdo con la Ley catalana de Patrimonio Cultural.
Ha esgrimido también que, de acuerdo con la función social de Derecho de Propiedad, al Govern le corresponden las competencias jurídico-públicas sobre los bienes de Sijena, ya que son unos bienes sometidos a la Administración catalana.