La entidad considera en un comunicado que la negativa del Gobierno catalán de cumplir con el fallo es una "directa expresión de una concepción antidemocrática del poder" que se intenta sustraer al control jurisdiccional que obliga a políticos y ciudadanos.
A su juicio, los argumentos alegados por la consejero Rigau para incumplir la sentencia "carecen de todo fundamento jurídico", y ha negado que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) blinde al Gobierno autonómico del cumplimiento de cualquier fallo.
"El poder político no puede en ningún caso interpretar la LEC ni ninguna otra ley", función reservada precisamente a jueces y tribunales, según ha defendido la entidad liderada por Francisco Caja.
Ha reclamado al Gobierno catalán que abandone la "actitud antidemocrática" y, en consecuencia, acate las sentencias de los tribunales y modifqiue el actual régimen lingüístico.