En concreto, critican que las medidas que se plantean afectan a determinados grupos de personas con discapacidad, en tanto que les son aplicables a aquellas que cometen una infracción penal, aunque no son responsables criminales de la misma por resultar inimputables.
El CERMI afirma que la modificación "atenta gravemente contra los derechos de las personas con discapacidad, viola los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" y "supondría un enorme retroceso desde el punto de vista del acceso a la Justicia para esta parte de la población".