Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en una carta enviada al organismo y que han acompañado de un informe en el que se estudia la situación creada tras una reciente sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en materia de tráfico. La decisión judicial revela un vacío legal que, según la organización, "puede perjudicar gravemente a las personas con discapacidad y a su derecho a usar aparcamientos reservados".
En concreto, la sentencia se refiere a la validez de una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Terrasa ante el estacionamiento de un vehículo en una zona reservada a personas con discapacidad de un centro comercial, sin que el usuario tuviera un título habilitante para hacerlo.
Esta sanción fue recurrida y el fallo judicial, pese a que reconoce la prohibición de aparcar en plazas reservadas, explica que las corporaciones locales no tienen potestad legal para sancionar a los conductores que empleen de forma incorrecta las plazas de aparcamiento reservadas que no estén en espacios de titularidad pública.
Para acabar con esta situación, el CERMI pide a la DGT que inicie los trabajos técnicos de análisis sobre esta problemática y se elabore consecuentemente una propuesta normativa para que pueda ser aprobada por el próximo Gobierno, para lo que realiza una serie de propuestas de modificaciones de la normativa actual, encaminadas a que este tipo de prácticas puedan ser sancionadas por los ayuntamientos, independientemente de que no se lleven a cabo en espacios de titularidad pública.