El CERMI se refiere así a las directivas que la Unión Europea aprobó sobre contratación pública y que los Estados miembros, entre ellos España, debían incorporar a su derecho interno, modificando su legislación nacional de contratos del sector público, antes de mayo de 2016.
Estas directivas afectan al movimiento español de la discapacidad porque "refuerzan la dimensión social de la contratación pública y permiten a los Estados regular condiciones sociales, medioambientales y de accesibilidad, así como nuevas fórmulas y modalidades de participación del tercer sector en la gestión de servicios públicos, mejorando así la inclusión y los derechos de los sectores sociales vulnerables".
El Comité denuncia que España ha incumplido este plazo, incurriendo por tanto en una "infracción" de la normativa europea y añade que la Comisión Europea "puede abrir una investigación y, en su caso, imponer una sanción al país".