El CERMI ha explicado que la consideración de consumidor vulnerable implica rebajas en las tarifas de suministro eléctrico.
A juicio del CERMI, la normativa europea, al contrario del texto vigente, debe definir con "claridad" las categorías de consumidores de energía eléctrica a los que se considera en la legislación comunitaria como consumidores vulnerables, definición que vincularía a los Estados miembro.
Además de enunciar con precisión estas categorías, concretando el concepto de consumidor vulnerable, el CERMI plantea la reforma de la Directiva vigente para que mencione "expresamente" a las personas con discapacidad y las unidades de convivencia donde estas se integran como consumidores eléctricos en situación de vulnerabilidad.
Para el CERMI, las personas con discapacidad son más propensas a sufrir los efectos de la pobreza energética, no solo por su "acusado" menor nivel de renta que la media ciudadana, sino también porque son "más intensos" de energía eléctrica, debido a que hacen uso de productos de apoyo que funcionan con electricidad y a que permanecen más tiempo en sus hogares, lo que les lleva a incrementar el consumo medio de electricidad.