Así, el portavoz de Educación de CiU, Martí Barberà, ha explicado que en la actualidad para la concesión de estas ayudas sólo se valora si el alumno en cuestión se ve obligado a desplazarse a un municipio distinto del que vive para ir a la escuela, o la carencia de transporte público y comunicaciones, independientemente de los recursos económicos con los que cuenta el núcleo familiar perceptor de estas ayudas.
A su juicio, sería conveniente en esta época de crisis valorar la renta familiar a la hora de repartir dichas ayudas. "El criterio de justicia social pasa por introducir criterios de renta", ha afirmado el parlamentario catalán, que considera que para el transporte y el comedor, el criterio "más adecuado" es el nivel de renta y la distancia.
Por ello, desde CiU se propone eliminar el carácter básico que concede la Ley Orgánica de Educación a estas ayudas para "ser más justos a la hora de repartir estos recursos", y que sean las propias comunidades autónomas las que determinasen en función de su situación y necesidades reales el criterio a seguir a la hora de conceder estas prestaciones, que para los nacionalistas catalanes debe ser en función de la renta familiar. En concreto, piden que se modifique la Ley de Educación, para excluir del carácter básico el apartado 2 del artículo 82.