Según ha explicado el grupo en un comunicado, la situación de dependencia se define por la necesidad de cubrir una necesidad de atención o ayuda mediante una prestación o servicio. En cambio, la persona con una discapacidad no tiene por qué necesitar una determinada atención o ayuda.
"De esta manera, una persona a la que se le haya reconocido una discapacidad no se le puede definir automáticamente como una 'persona en situación de dependencia', pero no hay ninguna duda que una persona dependiente sí debería ser reconocida de forma automática como una persona con una discapacidad, por lo menos en un grado mínimo", ha señalado.
De hecho, actualmente ya se reconoce una asimilación en el grado de discapacidad mínimo (33%) a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en cualquiera de los grados.
De esta manera, Tarruella explicará con esta propuesta que esta asimilación que se pide supondría un ahorro de recursos y la eliminación de trámites y cargas administrativas al ciudadano. Además, la asimilación propuesta no implica en ningún caso una extensión o ampliación indiscriminada de beneficios o incentivos.