La audiencia preliminar del nuevo proceso contra Jodorkovski y su socio Platón Lébedev se inició en el tribunal del distrito Jamóvniki en medio de grandes medidas de seguridad, con centenares de policías desplegados en las inmediaciones de la corte.
"¡Vergüenza!", exclamó Jodorkovski a su llegada al tribunal, que inició la sesión a puerta cerrada, mientras en la calle varios manifestantes que coreaban consignas a favor de la libertad del empresario eran detenidos por agentes de seguridad.
Jodorkovski y Lébedev, que ya cumplen una condena de ocho años de prisión por delitos tributarios de los que se declaran inocentes, afrontan cargos por robos millonarios, que la defensa declara fabricados y por los que podrían ser condenados hasta 22 años de prisión.
Los abogados de los empresarios intentaron hoy infructuosamente impugnar a los dos fiscales del proceso, a los que considera parciales por haber participado en el anterior juicio, y presentó varias peticiones, que fueron denegadas por el juez Víctor Danilkin.
El juez no permitió que los acusados salieran de la cámara de cristal blindado en la que fueron encerrados y no reaccionó a la denuncia de las abogadas de que los vigilantes les prohíben durante la sesión conversar e intercambiar documentos con sus clientes.
"Es un mal augurio", dijo a la prensa Karina Moskalenko, abogada de Jodorkovski, sobre la actitud del juez en este proceso, que según la defensa durará más de medio año.
Por su parte, la organización opositora "La Otra Rusia", liderada por el ex ajedrecista Garry Kaspárov, calificó de "preso político" al magnate, otrora el hombre más rico de Rusia.
"Jodorkovski es un preso político. No saldrá de la cárcel mientras perviva el régimen de Vladímir Putin", aseguró a Efe Marina Litvinóvich, portavoz de Kaspárov, uno de los políticos más críticos con el Kremlin, sobre el ex presidente y actual primer ministro ruso.
En el mismo sentido se pronunció el diputado comunista Víctor Iliujin, quien dijo que el nuevo proceso "es una vergüenza para la Justicia rusa, que de hecho cumple el encargo del anterior presidente".
"No quiero defender a Jodorkovski, pero no pueden mofarse de él de esta forma. Esto ya no es justicia, sino venganza por su postura", dijo el legislador a la agencia Interfax.
Incluso el diputado Guennadi Gudkov, del partido oficialista Rusia Justa, opinó que la Fiscalía peca de "excesivo celo" al empeñarse a perseguir a Jodorkovski sin prestar atención a otros "oligarcas" y sus "delitos".
Guenri Reznik, el presidente del Colegio de Abogados de Moscú, denunció a su vez que "todos los abogados de Jodorkovski" han sufrido "presiones" por parte de la Fiscalía, que ha intentado privarlos de su licencia.
Según los nuevos cargos presentados por la Fiscalía, entre 1998 y 2003 Jodorkovski y Lébedev habrían robado crudo a su propia empresa por valor de más de 892.400 millones de rublos (35.000 millones de dólares al cambio de la época), cifra comparable con toda la capitalización de ahora expropiada Yukos.
Además, los fiscales acusan a ambos imputados de haber lavado el dinero obtenido a raíz del robo de crudo por un monto de más de 487.400 millones de rublos y de 7.500 millones de dólares.
Según cálculos de la prensa, los magnates están acusados de haber robado en total 350 millones de toneladas de crudo, el equivalente a la extracción anual de toda Rusia en aquella época, cuando en ese período Yukos extrajo 347,44 millones de toneladas, menos de lo que presuntamente habrían sustraído sus dueños.
En particular, dos compañías petroleras que en su día formaron parte de Yukos, Tomskneft y Samaraneftegaz, presentaron querellas contra sus antiguos dueños por un monto de 170.000 millones de rublos (472 millones de dólares).
"Los burócratas han gastado varios años, ingentes medios del Estado y buena parte de la reputación de nuestro sistema judicial para fabricar una acusación anecdótica a todas luces", señaló en una declaración el equipo de abogados de ambos magnates.
Jodorkovski, condenado por primera vez en 2005, sostiene que la campaña judicial en su contra ha sido orquestada para despojarle de Yukos, entonces la empresa privada más floreciente del país y ahora repartida entre compañías estatales.