El proceso contra un grupo de militares por el asesinato de 69 personas, en 1985, se inició en una sala del penal de Lurigancho, en el este de Lima, en ausencia de uno de sus principales responsables, el ex mayor del Ejército Telmo Hurtado, detenido y en proceso de extradición desde Estados Unidos.
Al lugar acudieron decenas de familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos, así como ex militares afiliados a un grupo de reservistas del Ejército.
La abogada de los deudos, Karín Ninaquispe, declaró que espera que los jueces "actúen a la altura de las circunstancias" y sean imparciales, ya que hasta ahora "Accomarca no sólo es sinónimo de impunidad, sino de la crueldad con que actuaron (aquellos) militares".
"Estamos hablando de 20 niños desde los tres meses de nacidos, de mujeres embarazadas (entre las víctimas)", remarcó la abogada, quien luego expresó su certeza de que Hurtado también será procesado.
El llamado "Carnicero de los Andes" lleva prófugo desde 2002 y vive en una casa de 1,4 millones de dólares en Miami, pese a que debe pagar aún 37 millones de reparación a las víctimas, informaron la pasada semana medios estadounidenses.
El 11 de agosto de 1985, días después de que Alan García iniciara su primer Gobierno, una patrulla militar asesinó a 62 pobladores, entre ellos ancianos, mujeres y niños, de Accomarca, en la región sureña de Ayacucho, bastión del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Según las versiones de los sobrevivientes, Hurtado ordenó a sus soldados que disparasen contra los pobladores, tras lo cual detonaron con granadas las viviendas y las incendiaron y, por último, festejaron allí mismo con bebida y bailes el operativo.
Días después los militares asesinaron a otras siete personas que presenciaron los hechos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Hurtado, oficial del Ejército actualmente en retiro, fue sentenciado en 1992 por la justicia militar a seis años de prisión por abuso de autoridad, pero tres años después se acogió a la Ley de Amnistía del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
En 2005 la Fiscalía formalizó una denuncia contra Hurtado y otros 28 militares por homicidio calificado y desaparición forzada, y pidió penas de hasta 25 años de cárcel y el pago total de 14 millones de soles (cinco millones de dólares) para las víctimas.
Sin embargo, un grupo de reservistas del Ejército también acudió hoy a las afueras del penal para mostrar carteles en los que pedían "Libertad a los artífices de la pacificación", "Libertad a los héroes de la pacificación" y les daban "Gracias por darnos la paz".
El abogado Hugo Robles, defensor de dos de los ex soldados rasos procesados, pidió a los peruanos que no olviden que la paz y la democracia que tienen "es gracias a estos jóvenes", y subrayó que aquellos "sólo cumplen con lo que ordena el jefe de patrulla y hay que ver que estas fueron operaciones planificadas", resaltó.
El juicio, que continuará el próximo 18 de noviembre, se abrió el mismo día en que el presidente peruano, Alan García, y el ministro de Cooperación de Alemania, Dirk Niebel, colocaron la primera piedra del Lugar de la Memoria.
Al inicio del acto, celebrado sobre los acantilados que miran al océano Pacífico en el distrito limeño de Miraflores, los asistentes guardaron un minuto de silencio por los más de 69.000 muertos y desaparecidos en lo que en Perú se llama "conflicto interno".
García señaló luego que el Lugar de la Memoria "resulta fundamental para la historia de Perú" y permitirá "comprender el hermoso y a veces trágico camino" de la sociedad peruana.
El presidente dejó en claro que han quedado atrás las discrepancias sobre el proyecto, que en un primer momento fue rechazado por sectores gubernamentales, militares y del fujimorismo.
Niebel aseguró, a su turno, que la financiación alemana del proyecto confirma "la cooperación estrecha, llena de confianza" entre su país y Perú, y felicitó a los peruanos "por emitir una clara señal de reconciliación.