Ambos diputados explican que han presentado una proposición no ley en el Congreso porque ven necesario que el Ejecutivo tome medidas para que la compañía, encabezada por ACS, se haga cargo de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los seísmos que afectaron al Levante español a resultas de las operaciones de inyección de gas en los depósitos submarinos.
Para ello, consideran que deberían peritarse los "daños materiales y morales" que los vecinos de Tierras del Ebro (Tarragona) y el Bajo Maestrazo (Castellón) han sufrido como consecuencia de los sismos, además de que habría que realizar estudios técnicos sobre las afecciones al medio ambiente que conllevará la hibernación de la planta.
En este sentido, la confluencia catalana de Podemos reclama también un calendario de desmantelamiento de las instalaciones del almacén, y recuerda que ya el mes pasado registró en la Cámara Baja una petición de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que explique la "retribución adicional" de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de factura del gas.