El Real Decreto por el que se establecen las normas para la aplicación del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) ha sido propuesto por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.
Con ello se traspone al ordenamiento jurídico español un Reglamento del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre la participación voluntaria de organizaciones en el EMAS e introduce importantes novedades en la regulación de este sistema.
Las organizaciones reconocidas con el EMAS --ya sean compañías industriales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones del sector servicios o administraciones públicas-- tienen una política ambiental definida, hacen uso de un sistema de gestión medioambiental y dan cuenta periódicamente del funcionamiento de dicho sistema a través de una declaración medioambiental verificada.
Estas entidades, por su parte, son reconocidas con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de la información dada por dicha empresa.
España está entre los principales países europeos en número de registros EMAS, con un total de 1.261 organizaciones adheridas a este sistema, según datos de 2012.
El nuevo Real Decreto incorpora las novedades recogidas en el Reglamento antes citado, que incluye la posibilidad de que se puedan adherir al sistema EMAS tanto las organizaciones de dentro como de fuera de la Unión Europea. Asimismo, incluye la nueva regulación de los verificadores medioambientales.
CONTAMINANTES PERSISTENTES
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la actualización del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo y del Reglamento comunitario sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes que modifica la Directiva 79/117/CEE. El primero es un convenio internacional que fue ratificado por España en 2004 con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a este tipo de sustancias de elevada toxicidad.
El Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo tiene como objetivo recopilar información y elaborar un diagnóstico de la situación española respecto a los COP y, en consecuencia, formular las medidas necesarias para ajustarse a las obligaciones que imponen tanto este convenio internacional como el Reglamento.
Los contaminantes orgánicos persistentes suponen un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente de todo el planeta por su elevada toxicidad, persistencia, bioacumulación y capacidad de dispersión.
En 1997, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), decidió que se negociara un convenio internacional, jurídicamente vinculante, para hacer frente a estos contaminantes.
El Convenio de Estocolmo de 2001, firmado posteriormente por la Unión Europea, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente ante los COP y reúne a 178 países comprometidos, entre ellos España, que lo ratificó en 2004.
Además, en 2003 entró en vigor el Protocolo específico para COP, uno de los ocho incluidos en el Convenio de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, del que forma parte España y la UE. Este Protocolo incluye medidas similares a las establecidas en el Convenio de Estocolmo.
Tanto el Convenio de Estocolmo como el Reglamento comunitario prescriben la obligación de elaborar un Plan Nacional de Aplicación en el plazo de dos años tras la entrada en vigor y revisarlo y actualizarlo de forma periódica.
La Unión Europea estableció a través de este reglamento un marco jurídico común sobre COP para llevar a efecto las disposiciones del Convenio de Estocolmo y las del Protocolo de COP del Convenio de Ginebra de contaminación atmosférica transfronteriza.
SE INCLUYEN NUEVOS CONTAMINANTES
El PNA se actualiza y revisa seis años después de su aprobación inicial, para incluir tanto los COP iniciales como los nuevos contaminantes que han pasado a formar parte de las listas del Convenio y del Protocolo.
Algunos de ellos, como las familias de polibromados y de perfluorados, representan una problemática muy compleja para todos los países debido a que su fabricación ha cesado muy recientemente y han tenido amplio uso en sectores muy diversos (equipos eléctricos, materiales de construcción y textiles, entre otros).
La actualización del Plan aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros ha superado este año tanto el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas como el proceso de información y participación pública y fue, además, presentado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente de diciembre de 2012 y en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado mes de marzo.