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Todo comenzó con una ruptura sentimental que se remonta a abril de 2015. Fue entonces cuando una mujer, ahora condenada por denuncia falsa, decidió abandonar el domicilio en el que convivía con su pareja llevándose consigo al niño de ambos e impidiendo que se viesen.
Dada la situación y la imposibilidad de ver a su pequeño, el padre comenzó el procedimiento judicial pertinente para “regular las relaciones entre los progenitores y el menor” y solicitar “que la guarda y custodia fuera compartida”, tal como refiere la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián.
Ante esas circunstancias, la mujer actuó entonces realizando una denuncia contra su expareja en la que le acusaba de “malos tratos psicológicos”, alegando que desde que se quedó embarazada él empezó a “comportarse de forma agresiva con ella, perdiendo los nervios sin motivo aparente y golpeando puertas y paredes de la vivienda donde residían, llegando incluso a romper los cristales de la puerta de acceso al balcón y dos lámparas de la mesilla de noche".
Más allá, dijo también que llegó a amenazarla con llevarse al niño y aseguró que tenía “grabaciones de su comportamiento” en las que se podía comprobar su actitud y malas formas, además de “múltiples mensajes” en su teléfono en los que la insultaba.
Como consecuencia, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer inició un procedimiento contra el progenitor, al tiempo en que se requirió a la denunciante que facilitase su teléfono con los supuestos mensajes amenazantes, algo que resultó clave para que la policía científica comprobase que “no había conversaciones entre las partes en las fechas señaladas", lo que hizo que la mujer se retractase renunciando a la “acción penal”. De este modo, su expareja fue absuelta y además logró la custodia compartida que demandaba en el otro procedimiento.
No obstante, el caso no quedó ahí, porque seguidamente fue el padre el que inició los procedimientos contra ella por denuncia falsa; un proceso judicial que le ha dado la razón y en el que los informes de la policía científica fueron tenidos “muy en cuenta”, resultando “demoledores”.
En consecuencia, la mujer ha sido condenada a una multa de 2.400 euros y a compensar con otros 4.006 euros a su expareja y padre de su hijo.
La sentencia, además, hace hincapié en que el delito de una denuncia falsa encierra una "finalidad detrás", porque "nadie acusa falsamente de algo si no es por una motivación específica" que, en este caso, "en la situación de conflicto familiar" subyacente, "estaba orientada" a "apartar" al padre de su hijo, "impidiendo que el juzgado de familia estimase su pretensión de custodia compartida".
"A esta conclusión se llega no sólo por la actitud torpe" de la denunciante "mediante la interposición de la denuncia falsa", --refiere la sentencia--, sino también "analizando" otras pruebas que "ponen en evidencia, no sólo la ausencia de maltrato psicológico" sino la "predisposición infinita" del hombre "a ejercer responsablemente su paternidad".