La sectorial, convocada en el Ministerio de Educación a partir de las cuatro de la tarde, se produce después de que el Consejo Escolar del Estado dictaminara el proyecto del Gobierno, con un informe de ponencia centrado en aspectos formales y un total de 28 enmiendas al articulado que buscan eliminar algunos de los aspectos troncales del decreto, como los nuevos requisitos académicos para acceder a las ayudas al estudio.
Durante la reunión, las comunidades autónomas tendrán oportunidad de realizar aportaciones al texto, que será además dictaminado por el Consejo de Universidades y la Conferencia Sectorial de Política Universitaria antes de viajar al Consejo de Ministros, donde será aprobado, previsiblemente, en la primera quincena del mes de julio.
El borrador plantea un cambio en la arquitectura de las ayudas al estudio, que pasan a estar compuestas de dos partes, una fija en función de la renta y la residencia durante el curso de 1.500 euros cada una, y una variable de un mínimo de 60 euros que se calculará en función de cuestiones diversas, como la nota del solicitante o la disponibilidad presupuestaria del Gobierno.
Asimismo, el documento, que simplifica en tres grupos los umbrales de renta para acceder a las ayudas aunque mantiene intactos los mínimos y los máximos, eleva los requisitos académicos para acceder a estas ayudas, subiendo tanto las notas de corte en todos los tramos educativos y el porcentaje de créditos que es necesario aprobar para obtenerlas en el ámbito universitario.