La medida fue adoptada por la Cámara Federal de Buenos Aires, que rechazó un recurso interpuesto por el abogado de Videla contra la resolución que el año pasado puso fin al beneficio del arresto domiciliario para su cliente.
El tribunal se pronunció en el marco de una causa por el secuestro de Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, quienes pasaron cinco meses presos entre 1976 y 1977, con el fin de presionarlos para que aceptaran un contrato de exportación para su empresa algodonera beneficioso a los intereses del Ministerio de Economía.
Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso mantuvieron reuniones con funcionarios gubernamentales que intentaron convencerlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura.
Una vez liberados, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.
A comienzos de este mes otro tribunal de segunda instancia, la Cámara Criminal y Correccional Federal, rechazó un pedido de detención domiciliaria hecho por la defensa de Videla y dispuso que siga detenido en una cárcel común.
El ex general, de 83 años y líder del golpe de Estado de 1976, fue trasladado en octubre último a un penal de una unidad militar situada a las afueras de Buenos Aires luego de haber estado detenido en su vivienda durante una década.
Videla también está preso por el robo y la sustracción de identidad de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura, que según estimaciones oficiales dejó 18.000 desaparecidos, aunque organismos de derechos humanos afirman que las víctimas fueron 30.000.