El Pleno del Congreso decidirá este martes si pide al Gobierno un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) para que, con el respeto a las competencias autonómicas, flexibilice el sistema universitario y permita abrir un debate plural, además de perseguir un consenso.
Esta demanda se discutirá en una moción presentada por los nacionalistas catalanes, consecuencia de una interpelación urgente que se debatió la pasada semana en el Pleno del Congreso, y que será nuevamente defendida por la diputada de CiU, Inmaculada Riera.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, reconoció en aquel Pleno que el borrador del PDI continúa inmerso en un proceso de conversaciones y depuración con los distintos agentes universitarios y comunidades autónomas, de las que ha dicho que "respeta" sus competencias.
UN PROCESO DE DIÁLOGO
En dicha iniciativa, CiU quiere igualmente que el Ejecutivo impulse un proceso de diálogo entre todos los agentes, contando con la máxima implicación de las universidades para estudiar y abordar las reformas necesarias en el sistema de gobernanza universitario.
Eso sí, desea que se aplique especial atención a la actualización de la gobernanza y las estructuras organizativas universitarias; además de revisar la actual oferta académica con el objetivo de adecuarla a la demanda y orientarla a la calidad; dotar a los centros universitarios de mayor margen y capacidad para que puedan mejorar la captación de talento, a través de los diferentes instrumentos de contratación; e impulsar las nuevas iniciativas que fomenten una mayor colaboración entre universidad y empresa.
Por otro lado, pide el establecimiento de criterios para que las universidades, en base a su propia autonomía universitaria y en el respeto de las competencias autonómicas, puedan mejorar sus propios modelos de gobernanza.
Igualmente, plantea a debate el del desarrollo de los actuales sistemas de financiación, avanzando hacia un modelo que garantice la accesibilidad, la competitividad y la calidad del sistema universitario, contando tanto con un sistema de becas que garantice dicha accesibilidad como una financiación pública y privada, que incorpore indicadores de referencia y metodologías de rendición de cuentas y resultados en la recepción de fondos.