El texto le solicita además, que potencie la participación en las alianzas público-privadas y concretar "acciones para avanzar en formas innovadoras de financiación de los partenariados" en favor de la cooperación, "sin que ello vaya en detrimento de las políticas públicas" en este sentido.
También sobre financiación, insta al Ejecutivo a facilitar asesoramiento y apoyo a las ONG "para acceder a la financiación de acciones relacionadas con la cooperación para el desarrollo, en el marco de los presupuestos de la Unión Europea".
La propuesta solicita que se apoyen las inciativas internacionales que tengan como objetivo "generar flujos de fondos para la cooperación con el desarrollo, de naturaleza más automática y garantizada" y, entre ellas, las del Grupo Piloto de Financiación Innovadora para el Desarrollo y la 'Task Forcé on Financial Integrity and Economic Development' de los que el Estado español forma parte desde su fundación.
Asimismo, insta al Ejecutivo a poner de manifiesto su "firme compromiso" con la lucha por la erradicación de la pobreza y a favor de los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo económico y social sostenible, le pide que continúe con su "presencia activa" en los foros que estudian la implantación de la Tasa de Transacciones Financieras.
En esta línea, el Congreso pide al Gobierno que siga apoyando a nivel internacional, "medidas para combatir la impunidad y la opacidad de los paraísos fiscales" para evitar que la riqueza procedente de los países en desarrollo salga de sus fronteras, sin obtener los ingresos impositivos que corresponderían".
Por último, le invita a "seguir promoviendo la Responsabilidad Social Empresarial, de acuerdo con los principios y directrices de RSE reconocidos internacionalmente y propuestos por la UE y otros organismos internacionales, y a hacerlo en cooperación con las empresas, otras partes y administraciones interesadas".
En la misma Comisión se ha rechazado con los votos del PP una proposición no de ley del Grupo Socialista que pedía deducciones del 100% del IRPF para las donaciones particulares inferiores a 150 euros que destinen los ciudadanos a organizaciones que trabajen en "el ámbito de la exclusión social, del voluntariado y de la lucha contra la pobreza" en España, así como "en apoyo de los programas de cooperación internacional para el desarrollo".