El portavoz adjunto de la Izquierda Plural y diputado de ICV, Joan Coscubiela, será el encargado de defender la propuesta, que previsiblemente no saldrá adelante al no contar con el respaldo del Grupo Popular en la Cámara Baja.
Coscubiela denuncia que este decreto establece la potestad por parte del Ministerio de "asumir íntegramente" y repercutir a la administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización en centros privados "si la programación anual de la administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular".
"Este hecho constituye un nuevo mecanismo de pago de cuotas a escuelas privadas y garantiza una segregación lingüística que es nociva para la sociedad catalana", ha lamentado.
A su juicio, "una vez más", el Gobierno del PP "se extralimita" e invade competencias de las comunidades autónomas, en este caso las de la Generalitat catalana.
Según defiende el diputado ecosocialista, el actual modelo lingüístico de la escuela pública catalana garantiza las competencias lingüísticas del alumnado, tanto en lengua castellana como en lengua catalana, y su aplicación a lo largo de más de tres décadas ha demostrado que es "un modelo de cohesión social, de garantía de igualdad de oportunidades y de justicia social".