La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha vuelto a lamentar este jueves la "exclusión" que supondría no atender en la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular cuando, además, este colectivo es el que menos frecuenta este servicio y, por tanto, el "menos costoso".
A preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa, Montero ha indicado que solo el 0,6 por ciento de la población inmigrante frecuenta las consultas de Atención Primaria de Andalucía y el uno por ciento, las consultas externas; una cifra que se eleva ligeramente en los partos (hasta el 7%) pero que, igualmente, no compone la parte "más costosa" del sistema público sanitario porque se trata de personas que, en su mayoría, "no tiene cultura de atención sanitaria" y que, además, "temen que se les cobre o se dificulte su situación administrativa".
Por ello, la consejera insiste en que esta iniciativa del Gobierno central de cobrar 710 euros anuales a la población en situación irregular (hasta 1.800 para los mayores de 65 años) significa, en la práctica, "echarlos del sistema sanitario" y excluirlos del "derecho a la atención" médica recogido en el Estatuto de Andalucía, donde se establece para todo aquel que tenga vecindad administrativa en la región.
Es por esta razón, como ya adelantó anteayer Montero, por la que la Junta estudiará un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa decisión será tomada, en su caso, una vez que los servicios jurídicos de la Junta hayan analizado "la letra pequeña" del texto de la iniciativa, algo que aún no han podido hacer porque el Gobierno no ha remitido a Andalucía dicho documento "ni oficial ni oficiosamente".
Aunque la consejera no ha podido determinar con exactitud cuántas personas en situación irregular podrían verse afectadas por esta medida en Andalucía, sí que ha calcula que serían en torno "a un 20 por ciento" de las 150.000 personas que lo estarían a nivel nacional. Hablamos, por tanto, de una población de en torno a 30.000 personas.
A ellas, y al conjunto de la sociedad andaluza, Montero ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" asegurando que el Servicio Andaluz de Salud seguirá funcionando "con normalidad" y atendiendo, por tanto, a todas aquellas personas que lo necesiten. "Las instrucciones dadas a los centros sanitarios desde el inicio de esta ruptura del aseguramiento que se produjo con el Decreto Ley de medidas urgentes, donde ya se adelantaba esta medida, es que se seguirá atendiendo y que se defenderá en los tribunales aquellos elementos que consideramos que invaden competencias o vulneran lo establecido en nuestro Estatuto", ha recalcado.
Tras insistir en que "la población puede estar tranquila" a este respecto, Montero ha explicado que Andalucía no está dispuesta a dejar de atender a ninguna persona, fundamentalmente, por tres motivos: por razones de humanidad lógica, porque así lo establece el Estatuto de Andalucía y porque un control adecuado de toda la población evita problemas de salud pública.
Además, ha añadido que "el no tratamiento de determinados problemas de salud en los momentos precoces puede ocasionar no solo mayor dolor para quienes lo padecen sino también incrementos económicos para el sistema", por lo que "es preferible tratar siempre los problemas en un primer entorno".