El Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (Ctesc), integrado por patronales, sindicatos y expertos sectoriales, ha alertado sobre el impacto social que puede causar el endurecimiento de las condiciones de acceso a la renta mínima de inserción (RMI) que plantea el Gobierno catalán.
Así lo ha señalado este jueves en un dictamen sobre el proyecto de decreto que modifica el programa de la RMI, a instancias de la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada el 27 de julio, y que no valora el cambio en la forma de pago de la ayuda durante agosto.
El documento de este órgano consultivo del Gobierno autonómico, aprobado en una sesión extraordinaria, afirma que el ahorro que suponen las restricciones de acceso a la RMI "podría verse superado por unos costes sociales materializados en forma de sufrimiento directo de los afectados, sobre saturación de las entidades e instituciones que prestan atención social y desequilibrios en el orden de la sociedad".
Alerta también de que vincular la prestación a la disponibilidad presupuestaria --algo "jurídicamente inaceptable"-- puede poner el peligro la cohesión social, al considerar que la RMI es "la última red de protección social" para evitar la caída de los afectados en la pobreza, y que es más necesaria que nunca por la crisis.
Por ello, reclama que se mantenga una "concepción amplia y flexible" de la prestación, conocida popularmente como PIRMI, y reprocha al Gobierno catalán que haya decidido modificar la prestación sin dialogar con los diversos agentes sociales.
ENDURECIMIENTO DEL ACCESO
El documento detalla su oposición a las nuevas condiciones de acceso: considera que pasar de uno a dos años el tiempo mínimo de residencia en Cataluña supone un trato diferencial según el origen; que limitar a 60 meses el periodo máximo de percepción desprotege a los mayores de 50 años sin trabajo, y que alargar hasta los 12 meses el periodo de cálculo de los ingresos para valorar el acceso pone en "grave peligro la subsistencia de muchas familias".
También pide que se fije en cuatro meses este periodo de cálculo de los ingresos, mientras dure la crisis; que se revise la prohibición de otorgar la RMI a familias con otras prestaciones públicas, y que se deseche el silencio administrativo negativo, además de precisar el significado de 'pobreza severa' y permitir el acceso de los autónomos a la ayuda cuando agoten la prestación por cese de actividad.
El dictamen también aboga por mantener las ayudas complementarias para las personas con más riesgo de exclusión que obtienen un trabajo de corta duración, y recomienda que no se deduzcan del importe de la RMI las prestaciones por discapacidad, dependencia y protección de la familia; las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad, así como los ingresos obtenidos durante los primeros seis meses de un trabajo.
Los sindicatos CC.OO. y UGT de Cataluña, junto con afectados y trabajadores sociales, participarán esta tarde en una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona para expresar su malestar por los cambios en la renta mínima de inserción y por su gestión por parte del Govern.