Fabra se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, a preguntas de los medios, ha explicado que, en cumplimiento de los plazos legales establecidos, el Gobierno valenciano ha esperado un mes desde la comunicación de la sentencia contraria al ERE, para proceder a la elección de la empresa que les asesorará en la liquidación de la sociedad pública valenciana.
Asimismo, se ha referido a la situación de los trabajadores de RTVV, a quienes se les mantiene de permiso retribuido y, en este sentido, ha defendido que "sale más caro el coste de abrir RTVV que sólo pagando los sueldos".
Fabra ha asegurado que la decisión de cerrar RTVV ha sido "muy difícil" pero la ha justificado con que "no podemos tener un modelo de televisión que suponga 183 millones cuando sólo hay presupuestados 7"0. Además, cuando se produjo la readmisión, tras la sentencia del ERE, el capítulo de gastos de personal "había que incrementarlo en 40 millones" y eso era "imposible" en unos presupuestos "encajados para prestar los servicios sociales, educativos y sanitarios a los ciudadanos", ha agregado.
Por otro lado, ha aprovechado para reprochar que "alguno tendrá que preguntarse por qué no negoció en su día" y ha criticado que en el periodo de negociación del ERE "había partidos y sindicatos que decían no al ERE". Fabra reconoce que se trató de una decisión que "a algunas personas no les ha gustado, pero es que se han hecho ERE en todos los medios de comunicación de este país y hubo alguno que pensó que, por ser empresa pública, debía estar por encima de eso", ha lamentado.
Finalmente, ha explicado que cuando se produzca la extinción de RTVV, el Consell va a trabajar para "lograr acuerdos con RTVE para que haya desconexiones" con las que "ofrecer noticias de interés general para la Comunidad".
A las puertas del Palau de la Generalitat y el de Fuentehermosa, donde ha tenido lugar la rueda de prensa, una veintena de trabajadores de RTVV se han reunido a las 12.19 horas para protestas por la decisión del cierre y extinción de la sociedad pública y reclamar que se les devuelva a sus puestos de trabajo.