En el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consell aprecia que el decreto es contrario a tres artículos de la Constitución (CE), además de invadir las competencias de la Generalitat recogidas en el Estatut.
La decisión se ha adoptado por unanimidad, si bien existe el voto particular de un magistrado que entiende que la restricción al derecho a la salud de los inmigrantes vulnera en realidad otro artículo más de la CE.