En concreto, se han recibido 227 consultas, 87 de ellas relativas a problemas de discriminación por motivo de discapacidad o de enfermedad crónica, 59 relacionadas con la revisión del grado de discapacidad y 53 sobre la revisión del grado de incapacidad laboral.
Asimismo, el acceso a servicios (39), medicamentos (38) y prestaciones del Sistema Nacional de Salud (28) también fue objeto de consulta, así como la exclusión por motivo de una discapacidad o de una enfermedad crónica de procesos de oposiciones a la función pública.
En cuanto al origen de las consultas, el 84,6 por ciento se concentra en tres organizaciones estatales de pacientes crónicos integrados en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes: el 41 por ciento provino de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA (CESIDA), el 26 por ciento de la Federación de Enfermos Renales (ALCER) y el 17,6 por ciento de la Federación Española de Párkinson (FEP).
"Los casos de la Clínica Legal alimentan la parte de investigación ya que nos indican dónde hay problemas de accesibilidad a los derechos. Es una investigación basada en los problemas de la comunidad", ha explicado el responsable de la Cátedra, Miguel Ángel Ramiro Avilés.