En concreto, quieren que expliquen "las evidencias conocidas sobre las circunstancias y características de las citadas prótesis y la predisposición gubernamental a asumir las responsabilidades que de la omisión de su labor de tutela pudieran derivarse".
Asimismo, este organismo ha trasladado a Sanidad la preocupación que muestran las mujeres que portan dichos implantes "cuya genotoxicidad nadie garantiza que esté descartada, y cuya circulación y utilización en cauces legales nadie ha impedido en nuestro país, ni ha sido objeto del necesario seguimiento por la ausencia de los registros de incidencias recomendados por la UE", explica.
Las prótesis PIP fueron declaradas ilegales por emplear en su composición sustancias no autorizadas con fines sanitarios y por su elevado riesgo de rotura.