Los controladores han mantenido la misma actitud que sus doce compañeros citados el pasado jueves y los seis que comparecieron al día siguiente.
Según han informado fuentes jurídicas, todos ellos han alegado que están a la espera de ser citados por la autoridad judicial que consideran competente -la militar y no la ordinaria- y a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que su sindicato, USCA, ha presentado contra los decretos por los que se militarizó el control aéreo y se declaró el estado de alarma.
El pasado jueves, el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, anunció que si los controladores persistían en su actitud de no declarar, el Ministerio Público proseguiría su investigación con las diligencias practicadas por las Fuerzas de Seguridad para averiguar qué ocurrió los pasados días 3 y 4 y determinar si existió delito.
Ese mismo día, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo que los controladores que al comienzo del pasado puente de la Constitución y de la Inmaculada faltaron a su puesto de trabajo se enfrentan a penas de hasta ocho año de prisión por un delito de sedición.