Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente solo cinco comunidades autónomas han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 1990 y 2014: Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Ceuta. Andalucía (15,4% del total nacional) y Cataluña (13,3%) son las que más emiten.
Mientras entre 1990 y 2014, las emisiones en la UE cayeron más de un 24%, en España aumentaron un 15%.
Cuando el Gobierno ratifique el acuerdo de París- lo aprobará el Consejo de Ministros este viernes y, previsiblemente, lo ratificaran las Cortes a principios de 2017- deberá reducir las emisiones en los sectores difusos (agricultura, transporte, residuos, gases fluorados y sector residencial) un 26% en 2030 y un 43% en el sector industrial. Este objetivo casi triplica el establecido por Kioto.
Impactos del cambio climático
Con este panorama, la temperatura media en España aumenta más de 0,5 ºC cada década desde principios del siglo XX, según el informe 'Cambio Climático en Europa 1950-2015: Percepción e impactos' del geógrafo y climatólogo Jonathan Gómez Cantero. Al tiempo que las temperaturas aumentan en España un 50% más rápido que en el resto de Europa, disminuyen las precipitaciones y crece el nivel de mar 2,4 mm de media al año, según dicho documento.
Todo esto está implicando, según Gómez Cantero, la llegada de especies propias de otras zonas, "obligando al desplazamiento o extinción de especias autóctonas". Un ejemplo lo vemos cada verano en las playas Mediterráneo, donde las plagas de medusas se convierten en noticia.
El aumento de las temperaturas también perjudica la agricultura. Según el informe de Gómez Cantero, el cultivo de olivos de Andalucía, de viñedos de La Rioja o de cítricos de Valencia se está viendo perjudicado.
El cambio climático también afecta a la salud. Están aumentando los casos de alergias debido a un adelantamiento de la época de pólenes y a la severidad de los mismos, señala el climatólogo, que también inciden en la vinculación con la polución.
Para cumplir con el acuerdo de París que ha entrado en vigor este noviembre, "el nuevo Gobierno de España tiene que dar un giro de 180º a las políticas energéticas que han marcado los últimos años. Favorecer un crecimiento acelerado de las energías renovables, permitir el autoconsumo y fijar, como muy tarde, el año 2025 para que cierren sus puertas las térmicas de carbón, son objetivos imprescindibles tras la entrada en vigor del Acuerdo de París", sostiene Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.
Inciativas de algunas ciudades
Muchas ciudades españolas ya se han comprometido a reducir a la mitad las emisiones del transporte. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Bilbao y A Coruña pretenden reducir un tercio los desplazamientos en coche, aumentar entre un 15 y un 30% la ocupación de los medios de transportes motorizados y mejorar la eficiencia de los vehículos, en parte por una mayor electrificación. La movilidad urbana en España supone el 30% de todas las emisiones. De estas, el 75,5 % se corresponde a la circulación de automóviles mientras que el transporte público solo supone el 7% de las emisiones de GEI.
De hecho, la capital va más allá y desde el pasado invierno, cuando los niveles de dióxido de nitrógeno superan los límites marcados, se aplican restricciones al tráfico, empezando por limitar la velocidad a 70 km/h y terminando por la prohibición de aparcar en el centro o circular en función de la matrícula.
El ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha planteado, en el Plan de Calidad del Aire, cerrar el tráfico a los no residentes en el centro de la ciudad, limitar la circulación permanentemente en la M-30 a 70 km/h y en el interior de la capital a 30.
Para Greenpeace, los gobiernos nacionales deben abordar en Marrakech la brecha que existe entre la reducción de emisiones necesarias para no superar el 1,5 grados centígrados y los compromisos asumidos.