Los datos están incluidos dentro de un estudio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid titulado 'Impacto en el transporte de las medidas para mejorar la calidad del aire: aplicación a las restricciones por categoría de motor' y elaborado por José Manuel Vassallo, Paola Carolina Bueno, Alejandro Ortega, Julio Alberto Soria y Javier Tarriño.
El estudio concluye centrándose en la medida 17 del Plan A de 'Calidad de aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático' que "los cálculos llevados a cabo demuestran que, con las hipótesis adoptadas, los beneficios provenientes del ahorro de emisiones son inferiores a los costes de transporte esperados para hacer frente a la medida en cuestión".
Los técnicos creen que un 55 % de los madrileños optarían por la adquisición de un vehículo nuevo adaptado a las exigencias para poder circular por el término municipal de Madrid mientras que otro 40 % migraría hacia el transporte público para hacer los desplazamientos que ahora realiza en su vehículo particular. Queda un 5 % restante que optaría por no desplazarse y realizar su vida en su zona de influencia.
¿Y cuáles son estos beneficios y costes?. Las proyecciones del equipo de trabajo estiman que los costes de aplicar esta medida en 2025 supondrían unos 81,6 millones de euros. Esta cantidad responde a la estimación de los costes directos que soportarían los usuarios al tener que renovar sus vehículos por la aplicación de la medida 17 del plan A y contempla también el resultado de un balance positivo/negativo de los que optan por el transporte público y los que optan por no desplazarse.
El estudio, elaborado a través de la Cátedra Amelio Ochoa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y patrocinado por la Fundación Corell, aborda también los beneficios de este nuevo escenario con el horizonte puesto en 2025. Los especialistas creen que se dejarían de emitir a la atmósfera casi 79 toneladas diarias de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y dióxido de carbono. Todo ello supondría un ahorro anual de 61,8 millones de euros.
José Manuel Vassallo, catedrático de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los redactores del estudio cree que "es imprescindible que los ciudadanos conozcan todas las medidas a aplicar, el momento en el que se hará y la fiscalidad de las misma" para que "los empresario o los ciudadanos anticipar sus decisiones y prepararse para ello".
Por ello reclama que la "aplicación de las medidas sean progresivas" y que se primen aquellas de carácter incentivador antes que las sancionadoras, algo mejor aceptado por los ciudadanos.
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