El decreto permite a cada universidad decidir a partir del curso que viene si mantiene el actual modelo único de cuatro años de grado más uno de máster o si prefiere hacerlo mixto y aplicar en las titulaciones que decida el modelo de tres años de grado más uno o dos de máster, más conocido como el modelo '3+2' dado que, en todo caso, cualquier estudiante que quiera acceder al doctorado requeriría antes de una formación de cinco años.
Además, el vicepresidente de la organización, Juan Antonio Montero, ha hecho un llamamiento a las consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas para que respeten la libertad de las universidades para decidir si implantar o no el nuevo sistema y que "no les coaccionen".
Los responsables de la confederación han explicado que la medida supone un ataque a la "estabilidad" del sistema universitario, necesaria para el mantenimiento de un sistema de educación superior "público y universal".
Además, Cereijo ha criticado el rechazo de las autoridades educativas a reunirse con la comunidad universitaria y, en particular, con los estudiantes. También ha rechazado la aprobación de la medida "solamente porque en otros países se hace así".
"No es cuestión de irse a copiar un modelo sin ningún tipo de argumento. No se puede hacer simplemente porque en otros sitios se hace así", ha subrayado.
Además, ha negado que el sistema de grados de tres años sea el más común en Europa --como defiende el ministerio-- y han asegurado que en la mayoría de países conviven grados de tres años con grados de cuatro, cinco y seis años. "Cada uno es un mundo", ha asegurado.
De hecho, ha insistido en que, a diferencia de España, los demás países europeos están realizando evaluaciones de la implantación del Plan Bolonia y, según ha explicado, algunos están contemplando la posibilidad de adoptar un sistema de 4+1. "Organizaciones de estudiantes de Alemania y Dinamarca nos han pedido informes sobre nuestro sistema", ha indicado Cereijo.
Por ello, considera que el sistema propuesto por Educación no solamente no contribuirá a mejorar la internacionalización de los estudiantes españoles sino que "impedirá que puedan moverse entre universidades españolas".
Por otra parte, ha invitado al Gobierno a que "si tanto le gusta el modelo alemán, copie sus tasas académicas". "Un informe de Eurydice dice que España es el país con las tasas universitarias más caras", ha señalado.
ESTUDIAR CUATRO AÑOS COSTARÁ CASI EL DOBLE
En este sentido, ha asegurado que, mientras con el sistema de cuatro años, estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid cuesta en torno 4.600 euros, con el nuevo sistema, estudiar 3 años de grado y uno de master costará cerca de 8.760 euros.
"El Gobierno demostró el viernes una gran dosis de populismo al afirmar que las familias ahorrarían dinero. Claro que se reduce el dinero, pero reduciendo la formación", ha añadido.
Además, ha insistido que, en el actual marco de competencia, "no es cierto que con un grado de tres años se pueda ser competitivo" y, de hecho, ha recalcado que ni siquiera "es serio ir a Europa diciendo que se tiene nivel master con cuatro años de estudios". Por ello, cree que, en caso de implantarse el nuevo sistema, el resultado será que "quien pueda pagar, tendrá una formación suficiente" para poder trabajar.
FORO DE POLÍTICA UNIVERSITARIA
Los responsables de CREUP han pedido también a los rectores "institucionalizar" el diálogo entre los agentes y organizaciones de la comunidad universitaria para dialogar y elaborar sus propuestas al margen de las políticas gubernamentales. "Que seamos nosotros quienes propongamos al ministerio la política universitaria que queremos", ha explicado el presidente de CREUP.
En este sentido, ha rechazado la idea de incluir al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las conversaciones, por un lado, debido a la negativa de este de consultar a la comunidad universitaria antes de la aprobación del decreto y, por otro, porque, a su juicio, su política se basa en una visión "cortoplacista" y en la "improvisación".
Según Cereijo, la posición de la organización para sentarse a hablar con el Gobierno "pasa por la derogación del decreto de 2012 y los reales decretos de becas ". "Solo así podremos hablar de crear un sistema universitario justo, universal y público", ha indicado.