La concentración también ha contado con el apoyo de la Confederación Española de Policía (CEP), y CSI-F ha iniciado conversaciones con organizaciones militares --cuya mutualidad ISFAS también se ve afectada por los recortes-- para dar continuidad a las protestas.
Según CSI-F, los recortes en la financiación de Muface han provocado que pacientes con enfermedades graves tengan que cambiar de centro hospitalario en el plazo de seis meses (un año en el caso de los pacientes oncológicos) y que a día de hoy no se les haya informado sobre la continuidad de sus pruebas diagnósticas.
Ante esta circunstancia, CSI-F solicitó al Ministerio de Hacienda que prorrogara un mes el periodo que tienen los empleados públicos para que decidir pasarse al Régimen General de la Seguridad Social, pero el Gobierno no accedió. "Por tanto, muchas personas se verán obligadas a optar por una compañía sin saber exactamente la oferta sanitaria que recibirán", explica el sindicato.
CSI-F exige al Gobierno que negocie un plan de viabilidad de Muface a varios años, donde se contemple la mejora de la financiación para recuperar los derechos perdidos por los recortes, y reclama que adopte "todas las medidas posibles" para recuperar toda la oferta sanitaria que se ha perdido a partir del 1 de enero de 2015.