En rueda de prensa, los responsables del sindicato han recalcado que en concreto esta medida afectará a 491 médicos, 450 enfermeros y cuatro matronas del SESCAM, y lo que se pretende por parte de este organismo es que antes de fin de año elijan entre "perder su condición de funcionarios y seguir en el Servicio de Salud y si no pasar a estar adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas", ha informado CSI.F en nota de prensa.
"Lo que el Gobierno propone a estos casi mil profesionales no es otra cosa que elegir entre seguir ejerciendo el trabajo que obtuvieron mediante oposición o dejar de atender a sus pacientes y abandonar la sanidad pública", aseguran.
Ante esta situación, desde la organización sindical han aseverado que se temen que el "verdadero objetivo" de la medida sea "acabar con profesionales a los que su estatus dota de una estabilidad laboral que les permite ser independientes y no están doblegados a los políticos de turno, lo cual es un verdadero inconveniente para futuras privatizaciones del sistema sanitario".
Por todo ello, el sindicato ha anunciado que sus servicios jurídicos presentarán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya que consideran que "la medida ataca los derechos individuales de los funcionarios al no respetar el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera y al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional".