Así, la Sala estima en parte un recuso de apelación interpuesto contra un auto dictado por el juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, que confirmaba otro anterior, por el que se establecía el sobreseimiento provisional de la causa, y acuerda la continuación de la instrucción a fin de llamar a los responsables de las actuaciones para, tras declarar como imputados, aclaren cómo se efectuó dicha intervención. El recurrente alegaba que se había producido una actuación negligente y que no existió consentimiento informado.
Según consta en uno de los informes médico-forenses, la paciente fue sometida a un cateterismo consistente en la inserción de un tubo o catéter a través de la vena yugular, en el cuello, para lo que se empleó una aguja fina y supuso la lesión de una arteria, lo que provocó una hemorragia que hizo que la mujer entrara en parada y en coma irreversible, que condujo a su fallecimiento.
Respecto a la praxis, se indica en dicho informe que no hay nada que induzca a pensar sobre la inadecuación de la misma, y añade que la relación de causalidad existe y apunta directamente a la acción del radiólogo intervencionista, pero ello no implica que su acción fuera descuidada o negligente.
En otro informe pericial aportado por la parte recurrente se indica que "llama la atención" que no se realizara control radioscópico o radiológico de la punta del catéter durante la punción fallida, "el cual hubiera determinado con prontitud la localización del mismo y la existencia de fuga de sangre a través del vaso dañado", y se concluye que los servicios sanitarios públicos no actuaron con la suficiente prudencia, cautela y diligencia, ocasionando un daño "desproporcionado".
La Audiencia considera que, en vista de los informes periciales y de la historia clínica de la fallecida, la instrucción es incompleta y que debe continuarse con la misma para aclarar cómo se efectuó el abordaje de la vena yugular y por quién se realizó, pues sin estis datos cree que no se pueden archivar las actuaciones.