Según explica la Oficina del Defensor del Pueblo, a raíz de la queja de un ciudadano se formuló una sugerencia dirigida al Alcalde de Arenys de Mar el 30 de abril de 2014, para que se cumpliese en todos los edificios y establecimientos dependientes de ese Ayuntamiento lo dispuesto en la Ley 39/1981, sobre el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas.
En particular, se le recomendaba acatar el artículo 3.1, según el cual "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado".
"Después de tres requerimientos por escrito en los que se recordaba al alcalde su obligación de contestar y de tres llamadas telefónicas, en la última de ellas, personal del gabinete de la alcaldía comunicó a esta institución que 'el Alcalde no tiene intención de contestar la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo'", explica la Institución.
El gabinete que dirige Soledad Becerril recuerda que "las administraciones tienen la obligación de responder al Defensor del Pueblo, comunicar si aceptan o no las sugerencias y recomendaciones que éste les formula e indicar en su caso las razones en que fundan su negativa", según establece la ley que lo regula.
"Al no atender los requerimientos del Defensor del Pueblo, el Alcalde de Arenys de Mar impide a la Institución desarrollar su labor de supervisión y de protección de derechos fundamentales, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 54 de la Constitución Española", señalan desde el Defensor, en relación a la puesta en conocimiento de la Fiscalía.