Así se lo ha trasladado la institución a la Red Española de Inmigración. El Defensor informa de esta actuación en respuesta a la petición de la Red que, a través de su coordinador de los servicios jurídicos, procedió a presentar escrito solicitando revisión por entender que "se habían conculcado los Derechos recogidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por España, en este caso de reagrupación denegada".
En opinión de la ONG, esta denegación condenaba a una situación de abandono a un menor por parte de su familia que tenía residencia legal y trabajo estable en España.
"Esta situación fue la que dio lugar a la desesperación del padre de Abou, aún en prisión provisional sin fianza, y que la Red Española de Inmigración ha dado a conocer en numerosas ocasiones como un ejemplo más de los fallos de nuestro sistema de reagrupación que sigue sin querer adoptar las medidas de flexibilidad suficientes para hacer viable evitar situaciones límite de las recogidas por la Convención de los Derechos del Niño", añade la organización.
Además, el vicepresidente de la Red, David Fernández, considera que existen indicios suficientes de incumplimiento de tratados que ha firmado España y que "están siendo incumplidos sistemáticamente" al restringir el Derecho de reagrupación incluso a los ciudadanos que tienen residencia legal y trabajo en España. Por ello, ve "fundamental" que el Defensor del Pueblo haya iniciado esta actuación de oficio.
La Red Española de Inmigración recuerda también que actualmente con diferentes grupos políticos y expertos independientes en la creación de una propuesta de reforma del Reglamento de 2011, que regula el derecho de acogida en España y que presentará en su ronda de trabajo en el Parlamento Europeo el próximo 15 de junio, Día Internacional contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).