Los datos oficiales ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el año 2017 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 1.419 delitos de odio, lo que supone un 11,6% más que en 2016. Según ha precisado, los delitos que más se han incrementado son los relacionados con las creencias religiosas (un 119%), por motivos de ideología (un 72%), y racistas y xenófobos (un 26%).
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Las líneas de actuación del plan plantea la mejora de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la prevención de este tipo de delitos y la mejora de la atención a las víctimas. Todo ello con el objetivo de dar "una respuesta firme y con rigor" desde las instituciones.
El plan, que ha sido articulado por la Secretaría de Estado de Seguridad y coordinado por la Oficina Nacional de delitos de odios, ha contado con la colaboración de distintas ONG que representan a colectivos vulnerables o en situación de riesgo.
Precisamente los representantes de las entidades sociales llevaban años reclamando este plan, al igual que una Ley Integral sobre Delitos de Odio, una norma en la que el ministro se ha comprometido a "dar cuerpo" y "trabajar".