El arquitecto que ha realizado el proyecto de rehabilitación de la estructura y la cubierta de la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas, cuyas obras han sido adjudicadas a SACYR, ha sido denunciado ante el Colegio de Arquitectos de Cantabria (COACAN) por copiar parte de él de uno anterior realizado por otro equipo redactor.
Los denunciantes han sido las empresas de arquitectura que en 2007 ya realizaron el proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación de todo el Seminario --en el que se incluía una fase relativa a la iglesia-- y que dirigieron las obras de la fase I, esto es la Unión Temporal de Empresas (UTE) Pesquera Ulargui Arquitectos; Fernández-Abascal y Muruzabal Arquitectos y Alonso y Barrientos Arquitectos.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario regionalista y vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, y la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda, un día después de que esas empresas registraran ante el Consistorio de dicho municipio la denuncia registrada ante el COACAN para darlo a conocer.
Según se indica en el escrito presentado al COACAN --y facilitado a los medios de comunicación por el PRC aunque con el nombre del aludido borrado--, el proyecto de rehabilitación realizado por ese arquitecto "contiene textos, planos, detalles constructivos, cuadros técnicos, diseños y cálculos que forman parte" del proyecto anterior que realizó la UTE en 2007.
El PRC ha informado de que el proyecto realizado por el arquitecto que ha sido denunciado ante el COACAN fue adjudicado por 221.000 euros y la dirección de obra por 332.000 euros.
Además, De la Sierra y Noceda han recordado que el Gobierno de Cantabria sacó a concurso, a través de la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC), adjudicó y pagó dicho proyecto a pesar de que ya existía un proyecto anterior --el de 2007--, también pagado, que englobaba estas obras y que fue desechado por el actual Gobierno regional tras el derrumbe de parte del claustro de la iglesia en 2012.
De la Sierra ha advertido de que, si no se justifica, la licitación, adjudicación y pago de ese segundo proyecto se podría estar por parte del Gobierno regional ante un posible caso de "malversación de caudales públicos" puesto que se ha pagado "dos veces" por un proyecto para las mismas obras.
Por ello, el PRC ha avanzado que pedirá explicaciones al Gobierno regional, y concretamente al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, sobre este asunto.
Los regionalistas han señalado que "probablemente" los redactores del primer proyecto podrían presentar una querella criminal por plagio contra el arquitecto del segundo proyecto.
Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, los integrantes de la UTE que realizó el proyecto de 2007, que tildan de "graves irregularidades" lo sucedido, han asegurado que aún "no saben" qué acciones van a tomar y, de hecho, se han negado a facilitar el nombre del arquitecto contra el que han dirigido la denuncia ante el COACAN.
En el escrito registrado ante el COACAN, y según señala la UTE, "a efectos de las responsabilidades que se pudieran derivar", adjunta como anexos los contenidos "copiados textualmente" en la memoria del proyecto realizado por este arquitecto de la memoria original del de 2007 que --insiste-- ha sido "utilizada como plantilla y guión".
También las empresas integrantes de la UTE unen al escrito el listado de documentación gráfica contenida en el proyecto "copiada de los planos" del anterior y la "prueba gráfica de la copia de dicha documentación".
En el PRC consideran que hay "indicios más que racionales" de ese plagio y opinan que esto, unido al hecho de que se haya pagado "dos veces" por un proyecto para la rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor, que es un tema, "como poco, preocupante".
PREOCUPACIÓN POR EL EFECTO DE ESTOS HECHOS EN LOS PLAZOS DE LAS OBRAS
Por su parte, Noceda ha explicado que el equipo de Gobierno municipal (PRC) está "muy preocupado" por estos hechos, a su juicio, "muy graves", y por el efecto que puedan tener en los plazos de ejecución de las obras, que ya cuentan con licencia municipal y que tienen una duración prevista de 10 meses.
En este sentido, la alcaldesa ha opinado que la aclaración sobre la presunta copia del proyecto y la ejecución de las obras pueden transcurrir "en paralelo".