El 2 de septiembre de 2009, Poveda fue asesinado en una zona rural próxima a la colonia "La Campanera", la misma en la que durante 16 meses el fotoperiodista convivió con pandilleros de la Mara-18, protagonistas de su documental "La vida loca".
El asesinato de Poveda causó conmoción en El Salvador, donde el presidente, Mauricio Funes, calificó el crimen de "vil", mientras que en el exterior también fue condenado por gobiernos como el de Francia y por organizaciones de reporteros.
"Era apreciado como un salvadoreño, como un centroamericano más, porque desde tiempos de la guerra (civil en El Salvador, 1980-1992) se había instalado en el país", dijo entonces Funes.
Doce meses después, hay 35 personas procesadas por este caso, de ellas, "29 están detenidas y 6 se encuentran en calidad de reos ausentes sobre quienes hay orden judicial de captura", explicó a Efe la fiscal auxiliar del caso, Maricela Carranza.
La funcionaria confirmó que el proceso está en etapa de "instrucción" y para que se llegue al juicio faltan "anticipos de pruebas", como el reconocimiento de 22 de los procesados por parte de testigos protegidos, la revisión del ordenador y de la cámara del fotógrafo, así como análisis de ADN a dos de los implicados.
El reconocimiento de estos 22 procesados, explicó, es un elemento adicional en la investigación, pero señaló que hay otras pruebas que incriminan a esas personas en el asesinato o su planificación.
Carranza aseguró que en enero se solicitó parte de las pruebas pendientes, pero admitió que aún no tienen respuesta del Juzgado de Instrucción Especializado que se encarga del proceso, lo que, a su juicio, ha supuesto un "retraso".
"Nos aducen carga de trabajo", señaló la fiscal, quien aspira a que se pueda celebrar una audiencia preliminar este mismo año.
El subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, se mostró mucho más optimista en declaraciones a Efe y dijo que espera que la audiencia se realice entre este mes y el próximo.
Sostuvo que el móvil que mantienen desde el inicio de las investigaciones es la sospecha que se generó entre los miembros de la pandilla M-18 sobre la "supuesta" vinculación del fotógrafo con la Policía.
"Algunos pandilleros pensaron que Poveda estaba colaborando con nosotros, situación que era totalmente falsa", aseguró Cotto.
La Fiscalía también considera que el asesinato del fotógrafo franco-español estuvo vinculado con la sospecha de los pandilleros sobre su presunta colaboración con las autoridades, e indicó que, además, la venta de ediciones "piratas" del documental "La vida loca" generó "molestias" entre los pandilleros.
"El descontento comienza con la proyección de la película que se vendía 'pirateada' en el centro de San Salvador", afirmó Carranza.
La funcionaria relató que el fotógrafo se reunió varias veces con los miembros de las pandillas para aclarar que desconocía la forma en que el vídeo llegó hasta los vendedores ambulantes.
"Ellos aceptaron la explicación y se calmaron, pero al mes una persona que está siendo procesada por este caso les dijo que Christian trabajaba para la Policía", aseguró Carranza, al aludir a un agente policial procesado por el caso, quien mantenía una relación cercana con los pandilleros.
Cotto sostuvo que entre los miembros de la pandilla surgió "algún nivel de duda" sobre el trabajo del fotógrafo.
"Comenzaron a sospechar, no sabían si realmente se trataba de un trabajo periodístico o si era un informante de la policía. Algún sector llegó a pensar que él estaba colaborando con nosotros", señaló.
La fiscal indicó, entretanto, que tras varias reuniones y comunicaciones telefónicas entre líderes de las pandillas, algunos de ellos detenidos en cárceles salvadoreñas, se planificó el asesinato del fotógrafo.