Estas fuentes han señalado que estos detenidos serían funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y han explicado a Europa Press que han sido arrestados, como ocurrió este pasado lunes, a lo largo de la mañana, después de ser citados en la Comisaría y abrirles la correspondiente ficha. Se prevé que, como en otras fases de la investigación policial, tras esta comparecencia queden en libertad.
La operación iniciada este pasado lunes continúa abierta. En esta nueva fase, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional prevé unos 140 arrestos en toda la región. Las 23 detenciones de este martes se suman al balance del lunes, que fue de al menos 30 personas detenidas y tres imputadas en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada, y seis arrestos en Sevilla.
En Málaga, este pasado lunes fueron siete las personas detenidas, entre ellas el exdelegado provincial de Empleo Juan Carlos Lomeña, que fue citado el pasado viernes para comparecer el lunes en la Comisaría, donde se le comunicó que estaba detenido y se le abrió la correspondiente ficha, tras lo que prestó declaración y quedó en libertad.
Lomeña ya fue detenido y puesto en libertad el pasado mes de marzo, pero por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por orden de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco de la operación 'Barrado', que también investiga el presunto fraude en cursos de formación.
En esta nueva fase de la denominada 'Operación EDUende' que desarrolla la UDEF, además de empresarios, las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración por ser responsables de conceder las subvenciones. Así, entre los arrestados hay directores, jefes de servicio y jefes de departamento del SAE de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería; así como funcionarios.
INSTRUCCIÓN JUDICIAL
Estas diligencias policiales se producen mientras el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene abierta hace ya meses una causa en la que han comparecido una veintena de personas relacionadas con empresas que recibieron subvenciones para impartir cursos de soldadura, auxiliar de protésico dental, peluquería, administrativo comercial, cocina, servicio de bar o viverista. De hecho este martes han declarado dos investigados.
En este procedimiento se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se ha centrado, hasta ahora, en la convocatoria de ayudas con compromiso de contratación del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de noviembre de ese mismo año.
Los investigadores apuntan en sus informes a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior. Así, relatan que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.
Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.