En auténtico problema está derivando los impagos de las administraciones públicas a numerosos colectivos profesionales. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Comunidades Autónomas y ayuntamientos deben a sus proveedores nada menos que diez mil millones de euros. Es el caso de Andalucía en donde los presuntos impagos de la Junta ha llevado a la huelga a los trabajadores de una contrata que atiende el servicio de comedor en a 75 colegios de esta comunidad y que afecta a miles de niños. La historia se repite, tambien en Aragón con consecuencias similares.