El debate sobre los pros y los contras de obligar a los ciclistas a usar casco por ley en las ciudades se ha convertido en uno de los principales puntos en conflicto de la reforma del Reglamento General de Circulación que prepara el Gobierno. Curiosamente, las dos posturas en conflicto, la de la DGT y la de las asociaciones de ciclistas que se oponen a la medida, han utilizado estudios llevados a cabo por los mismos autores para defender sus argumentos.
Así, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la reforma, la directora de Tráfico, María Seguí, defendió la medida, cuyos beneficios para la seguridad vial son a su juicio "incuestionables", y cuestionó que modificar la legislación vaya a reducir el uso de la bicicleta, tal y como vienen advirtiendo asociaciones de ciclistas como Conbici.
Como prueba de este punto, señaló un estudio llevado a cabo en Canadá "donde se demuestra que la implementación de la ley no tuvo efecto en detraer el número de usuarios". Es decir, que la obligación por ley no había reducido el uso de la bicicleta. El trabajo al que se refería Seguí fue publicado en 2010 y fue firmado por un equipo de profesores de la División de Epidemiología, en el Dalla Lana School of Public Health, de la Universidad de Toronto.
Pues bien, ese mismo equipo ha publicado en mayo de 2013 otro estudio en la revista British Medical Journal (BMJ), dado a conocer por la asociación de ciclistas Conbici, que señala que la decisión tomada por varias provincias de Canadá hace una década de obligar a usar a los ciclistas casco ha tenido un efecto "mínimo" en la reducción de accidentes.
De acuerdo con este estudio, que basa sus conclusiones en las tasas de ingresos hospitalarios de ciclistas relacionados con golpes en la cabeza en Canadá entre 1994 y 2008, este tipo de accidentes ya se estaban reduciendo antes de que algunas provincias tomaran la decisión de obligar por ley a usar casco a los ciclistas y esta medida no parece haber causado ningún efecto significativo.
Así, el estudio concluye que, aunque el casco reduce las lesiones en la cabeza y, por tanto, hay que recomendar su uso, lo cierto es que el hecho de obligar a usarlo por ley parece haber tenido una aportación "mínima" a la reducción de accidentes que ya se venía consiguiendo mediante las campañas de sensibilización o la mejora de las infraestrcuturas.
En este sentido, el informe señala que aunque en las provincias en las que a principios de los años 2000 se decidió obligar a usar el casco la reducción de accidentes de ciclistas ha sido mayor, lo que podría llevar a pensar que la medida ha sido efectiva, añade que esa conclusión se desvanece tras comprobar que en esas provincias ya antes de cambiar la ley los accidentes estaban reduciéndose a un ritmo mayor que en el resto de provincias.
El estudio utilizó datos de 66.716 hospitalizaciones de ciclistas (adultos y niños) por lesiones graves de las diez provincias de Canadá entre 1994 y 2008. Durante este período, seis provincias introdujeron una legislación que obligaba al uso de casco para ciclistas, mientras en las otras cuatro provincias los ciclistas podían elegir si querían llevar casco o no.
OPOSICIÓN DE LOS CICLISTAS
La obligatoriedad del uso del casco en ciudad es uno de los puntos que más debate ha generado dentro de las novedades previstas en la reforma del Reglamento General de Circulación que prepara el Gobierno, al haber mostrado asociaciones de ciclistas como Conbici su oposición, ya que argumentan que obligar a usar un casco por ley puede reducir el número de usuarios de la bicicleta, en vez de fomentar su uso.
Durante su comparecencia en el Congreso, el portavoz del PSOE en materia de tráfico, Carlos Corcuera, recordó a Seguí la existencia del estudio que ha dado a conocer Conbici, a lo que la directora de Tráfico contestó ofreciéndose a preparar a los parlamentarios un informe con "toda la literatura que existe de manera neutra y objetiva", de forma que la subcomisión que se va a crear para debatir sobre los pros y contras del uso obligatorio del casco "puedan dirimir, digerir y reposar esta idea".
Seguí reconoció que el uso obligatorio del casco en ciudad "no es un debate legislativo español" sino que se está debatiendo en todo el mundo. "No somos los únicos que estamos ponderando o no la conveniencia de recomendar el casco", señaló a los diputados.
"Sepan ustedes que en todos los organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en donde hemos elevado la consulta acerca de esta sugerencia hemos recibido la misma respuesta: este es un tema que no está resuelto, el debate es amplio y las opiniones están muy repartidas, muy repartidas", concluyó.
Nueva Zelanda, dos Estados en Australia, veintiuno de los Estados de Estados Unidos, Colombia y Finlandia tienen promulgada ley sobre la obligatoriedad del casco para todos los usuarios, mientras que otros países recogen esta obligatoriedad en el caso de los menores de edad (dos Estados de Canadá, Suecia, Japón, Islandia, Israel, Estonia, República Checa, Croacia y Eslovenia), según informó Seguí.