El Alto Tribunal considera que la distribución de los fondos del 0,7% del IRPF a ONG la debe seguir haciendo el Estado, y no las comunidades autónomas como solicitaba Cataluña, a través de un recurso que el Ejecutivo catalán presentó y que ha sido rechazado.
"Como cualquier sentencia judicial, la respetamos, aunque no la compartimos", ha asegurado, a la vez que afirma que desde DL se seguirá trabajando para garantizar que estos recursos estén gestionados por la Generalitat de Cataluña.
Según recuerda, el año pasado la casilla del 0,7% del IRPF destinado a entidades sociales recaudó 221 millones de euros, de los cuales un 25% se generaron en Cataluña, donde la mitad de los contribuyentes marcaron esta casilla. "Aun así, las entidades catalanas sólo recibieron un 14% del total. Es una cuestión de justicia", ha zanjado Campuzano.