Ecoembes advierte a la Comunidad Valenciana de que el SDDR es "más caro" y no puede hacerlo sola

Tras el debate en esta comunidad autónoma, después de Cataluña y Canarias, acerca de la implantación del sistema de envases 'retornables', el consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que "no se puede romper, con un esfuerzo de muchos años y muchas personas usando argumentos falsos y manipulando a la ciudadanía con iniciativas de un lobby disfrazado de ecologista".

Así, considera que detrás de la iniciativa está una operación comercial de una multinacional sueca que "quiere poner" 20.000 máquinas y llevarse el dinero a su país complicando a los ciudadanos a quienes recogerán las latas de refrescos y las botellas de agua, pero no las latas de sardinas, que tendrán que seguir depositando en el contenedor amarillo. "El mensaje es lesivo, ya que se paga al ciudadano por reciclar unos envases pero por otros no y, siempre que lo devuelva en perfecto estado", ha comentado.

A su juicio, en realidad es un "engaño" porque los ciudadanos ya pagan un punto verde para que los envases sean reciclados, pero ahora primero deberán pagar hasta 40 céntimos por envase que recuperarán si lo devuelven en determinados lugares, frente a los 8 céntimos actuales.

"Precisamente con ese dinero -el de los envases que no se devuelven-- se financia el sistema SDDR, porque el 35 por ciento de los envases se calcula que no retornan, de modo que se castiga al consumidor", ha asegurado.

Por otro lado, ha apuntado que una comunidad autónoma no puede implantarlo por sí sola, ya que hay una ley de residuos en España y reitera que la iniciativa es una operación comercial que tiene un coste inicial de inversión entorno a unos 970 millones de euros, y cada máquina donde se recogen los envases tiene un precio de unos 20.000 euros, frente a los 450 millones de euros que cuestan los SIG de Ecoembes y 68 millones de Ecovidrio. En concreto, ha agregado que un estudio de la Universidad de Alicante calcula que el SDDR multiplicaría a los valencianos el coste de la gestión de sus residuos en un 8,4 por ciento.

Frente a la propuesta de SDDR, ha defendido el modelo de gestión de Ecoembes, que crece a un ritmo de cuatro puntos al año y que no multiplica por ocho el coste del sistema. En la actualidad el sistema cuenta con 570.000 contenedores azules y amarillos en la vía pública en prácticamente todo el territorio, incluidos enclaves y entornos naturales. En concreto, un 20 por ciento de estos contenedores están ubicados en zonas de especial sensibilidad.

Por ello, insta a que los ciudadanos y las instituciones hagan un análisis de todos los datos antes de implantar un sistema de forma obligatoria pues, en su opinión, si el sistema no es aceptado por la sociedad ni los agentes implicados no funcionará. "No entendemos por qué se quiere implantar un modelo que no ha funcionado en ningún país. No se está contando toda la verdad. Lo que pueda mejorar el sistema, bienvenido sea, pero que antes se estudie", ha sentenciado.

Un estudio comparativo entre ambos sistemas y varios países, publicado este mes de mayo por la Plataforma Envase y Sociedad realizado por la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Politécnica de Madrid señala que el sistema SDDR, que se ha implantado en Alemania, ha logrado un objetivo global en la tasa de reciclado del 2,7 por ciento del total.

En Europa, tanto la legislación de Alemania como la de Noruega establecen de forma obligatoria la implantación de un SDDR para envases de bebidas de un solo uso, frente a Bélgica y España, que permiten a los productores o envasadores decidir entre un sistema colectivo o uno individual. Por ejemplo, el estudio de Envase y Sociedad destaca que la implantación del SDDR tuvo un coste inicial de 726 millones de euros, de los que 702 fueron pagados por el comercio minorista mientras la industria envasadora y los fabricantes de latas y etiquetas aportaron 24 millones. Al mismo tiempo, calcula que el coste anual del sistema ronda los 793 millones de euros.

El director general del sistema de depósito en Alemania, Bernd Ulrich Sieberger ha afirmado que el sistema de un solo uso cuesta tres veces más que el sistema colectivo; que disminuye su eficiencia y que el SDDR supone una aportación "marginal" a la tasa de reciclado, al tiempo que no potencia el uso de envases reutilizables.

Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha manifestado a este respecto que la implantación de un SDDR detraería unos 63 millones de euros a las arcas municipales y las organizaciones de pequeño y gran comercio también se oponen a esta fórmula de gestión de los envases porque no es su negocio gestionar residuos, sino vender productos y no quieren dedicar espacio de sus establecimientos a una máquina para recoger estos envases que, por otro lado, tendrían que pagar ellos mismos.

Por el contrario, el SDDR que Retorna plantea para España es una iniativa apoyada por ONG ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción o Greenpeace, organizaciones sindicales como Comisiones Obreras o Unión Sindical Obrera, el Gremio de Recuperadores de Cataluña o la Asociación General de Consumidores, que apuestan por lograr un objetivo de residuo cero y consideran que con el SDDR se evitará que se viertan, incineren o los 28 millones de envases de bebidas cada día.

La plataforma de Retorna asegura que su implantación supone un coste cero para la administración central y beneficios de entre 57 y 93 millones de euros en ahorro por los servicios de recogida y limpieza (entre 1,4 y 1,97 euros por habitante).

Además, afirma que es un 60 por ciento más barato que los SIG por envase recogido y que puede crear unos 14.000 empleos en su primera fase de implantación. Del mismo modo, subraya que el SDDR apoya al comerciante con unos 3 céntimos por envase que recoja, por lo que los pequeños comercios serían ayudados con 300 euros al año y con 300.000 las grandes superficies.

Por último, respecto al empleo, el consejero delegado de Ecoembes ha defendido que los SIG han creado desde su implantación en 1996 más de 42.600 empleos, de los que 9.500 son directos y acusa a Retorna de manipular los datos económicos y también los de empleo potencial del sistema de depósito.