En cualquier caso, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha manifestado a Europa Press que la pena es "insuficiente", pues no incluye a "todos los que deberían estar" y no contribuirá a evitar y prevenir futuras catástrofes en España. Así, indica que el capitán no está exento de responsabilidad pero recuerda que recibía órdenes del armador, de capitanía marítima, de la autoridad portuaria y del Ministerio de Fomento.
"No están todos los que debían estar. El caso no se ha resuelto de una forma justa. El capitán el último eslabón y quienes tomaron las decisiones quedan fuera", ha lamentado.
Asimismo, cree que las indemnizaciones del fondo de compensación de hidrocarburos "nunca restaurarán el coste completo" de limpiar y reparar los daños de la zona afectada, por lo que denuncia que este fondo no cumple el principio del que "quien contamina paga" y que son los españoles, a través de los Presupuestos Generales del Estado, quienes asumen el coste.
"Esto no es ejemplarizante. Está bien que se exijan responsabilidades, penales y civiles, pero no están todos los responsables ni todo el importe económico a resarcir, al tiempo que supone un aviso a navegantes de que quien pase por España puede contaminar", ha insistido.
Del mismo modo, cree que aunque la sentencia del alto tribunal no exime de responsabilidad al capitán, la pena "se queda corta" para tratarse de la "mayor catástrofe ambiental" en España, que causó una marea negra de miles de kilómetros.
En la misma línea, para el responsable de la campaña de océanos de Greenpeace España, Julio Barea, "por fin" se sabe quién es el responsable final "o al menos eso es lo que se ha hecho creer a la opinión pública".
A su juicio, los políticos involucrados "se han librado de cualquier tipo de sanción", lo que pone en evidencia que la sentencia actual es un "puro trámite para cubrir el expediente" que no evitará que otro Prestige vuelva a producirse.
Del mismo modo, el portavoz de Ecologistas en Acción sobre el Prestige José Beiras ha lamentado en declaraciones a Europa Press la sentencia porque confirma la de la Audiencia Provincial de La Coruña que exonera de responsabilidades penales a los responsables de la Administración y al director general de Marina Mercante, José Luis López Sors.
De hecho, ha calificado de "sorprendente y lamentable" que se confirme la absolución del único resposnable administrativo que aparece en el proceso judicial para Beiras, este tuvo una "responsabilidad clara" en la catástrofe, cuando decidió alejar el barco de la costa, lo que provocó un impacto ambiental y socioeconómico "mucho mayor" que un derrame en un puerto de refugio.
Finalmente, respecto a la condena del capitán Mangouras, a dos años de prisión por delito ambiental frente a los 9 meses por un delito de desobediencia a los que le condenó la Audiencia de La Coruña, sino por un delito ambiental.
"El capitán no deja de ser un chivo expiatorio, aunque es positivo que tanto la aseguradora como la propietaria del barco tengan que asumir una cierta responsabilidad civil", ha concluido.
"LEGISLACIÓN INTERNACIONAL MÁS JUSTA"
Por su parte, SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento a abrir del debate sobre el marco legal internacional en el que se desenvuelve la actividad del transporte marítimo de hidrocarburos ya que, a pesar de que valora que el Alto Tribunal ha reconocido la existencia de un delito ambiental y ha establecido la responsabilidad civil, lamenta que la sentencia no ha podido ir mas allá de lo que la regulación internacional permite para estos tipos de casos.
"Es preciso articular una legislación internacional más justa que eleve los estándares de seguridad y prevenga situaciones de resultado catastrófico como la provocada por el petrolero Prestige", ha señalado en un comunicado la directora ejecutiva de la organización ambiental, Asunción Ruiz.
"Sólo la denuncia y modificación de todos los convenios limitadores de responsabilidad civil por daños causados por hidrocarburos y una nueva legislación basada en el principio de indemnización, que se articule sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada de los agentes que causan el daño, quienes generan el riesgo y quienes se benefician de la actividad, pueden dar lugar a un sistema legal adecuado", ha subrayado.
"Nuestras costas tienen un importante tráfico marítimo y ya han sufrido en varias ocasiones las desastrosas consecuencias de un vertido de hidrocarburos. Es por eso que España debe liderar en el seno de la Unión Europea el debate para lograr que la comunidad internacional aborde, de una vez por todas, una normativa rigurosa y severa con las malas praxis. Es la mejor manera, y quizá la única, de prevenir otro Prestige", ha apostillado.